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El canciller del régimen cubano firmó este jueves 28 de febrero el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, ambos en vigor desde 1976, pero condicionó su implementación a un cambio en la política de Estados Unidos hacia Cuba. En un comunicado leído el jueves por el ministro en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York y publicada en Cuba este viernes, el texto añade que "en cuanto al alcance y aplicación de algunos postulados de estos instrumentos internacionales, Cuba registrará las reservas o declaraciones interpretativas que considere pertinentes". Aunque no aclara cuáles son esas reservas, se supone que están relacionadas con numerosos derechos y libertades que la dictadura más antigua del planeta ha negado a sus ciudadanos por casi medio siglo entre los que se incluyen el derecho a la libre expresión, que incluye "la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras", la libertad de asociación, la libertad de movimiento, el derecho a la creación de sindicatos independientes, el derecho a la huelga y los derechos a no ser perseguido por sus opiniones, ni discriminado por sus ideas entre otros muchos que en Cuba son inexistentes. Los estados firmantes de ambas convenciones asumen, entre otras, la obligación de respetar y asegurar los derechos humanos reconocidos de toda persona en su territorio o bajo su jurisdicción, lo que implica que deben adoptar medidas para que tales garantías sean efectivas. La Habana permitió recientement la visita del relator especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, Jean Ziegler, quien públicamente no ha ocultado su lealtad y simpatía hacia el régimen. Ziegler fue invitado sólo después de que el Consejo de Derechos Humanos del foro mundial suspendió el mandato de Christine Chanet, representante personal para Cuba de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour a quien jamás se le autorizó a visitar Cuba por considerar su misión una "manipulación de Estados Unidos". "Más allá de firmarlos esperamos que el gobierno honre la letra y el espíritu de ambos instrumentos, con lo cual sería el primer beneficiado a nivel internacional", afirmó Elizardo Sánchez, presidente de la ilegal Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. En tanto, Manuel Cuesta Morúa, portavoz de la disidente Arco Progresista, consideró que la firma debe traducirse en el fin del hostigamiento a la oposición. "Es importante que el gobierno cubano responda con cambios al interior del país", dijo a IPS. "Este es el momento de apoyar a los movimientos democráticos que están surgiendo en la isla. Es tiempo para que el mundo deje de lado sus diferencias y se prepare para la transición cubana hacia un futuro de libertad, progreso y promesas", sostuvo ese día el presidente de Estados Unidos, George W. Bush. Cuatro meses después, el mandatario estadounidense aseguró que nada cambiará en su política hacia Cuba tras el ascenso a la presidencia de Raúl Castro. "El no es más que una extensión de lo que hizo su hermano", aseguró Bush el jueves en respuesta a una pregunta sobre qué se perdería al negociar con su homólogo cubano.
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