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En tiendas de Miami, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) adquirieron teléfonos satelitales y otros equipos de comunicación que fueron usados durante unos cinco años para coordinar intercambios de cocaína por armas, así como el desplazamiento de rehenes norteamericanos en poder de la organización, según un encausamiento revelado la semana pasada en Washington. La intervención de las llamadas a través de los equipos comprados en Estados Unidos habría permitido a las autoridades federales y de Colombia asestar lo que se considera que ha sido el golpe más duro a la red de apoyo logístico de las FARC. El golpe fue el preámbulo de la muerte del segundo al mando de las FARC, Raúl Reyes, en una confrontación el jueves al sur del país. Unas 39 personas fueron arrestadas en Colombia hace dos semanas, de las cuales nueve están pedidas en extradición. La imputación federal señala como acusados de apoyar a un grupo terrorista a 11 cabecillas y colaboradores de las FARC, pero no identifica a la persona que cooperaba desde Miami en la compra de teléfonos satelitales y otros aparatos. Tampoco se dio a conocer el nombre de las empresas que vendían los equipos. Entre el contacto en Miami y la FARC se generó tal confianza que algunos de los pedidos los hacía directamente la coordinadora de logística del Frente Uno, Nancy Conde Rubio. Conde, quien fue capturada en Colombia el pasado 2 de febrero, llegó incluso a llamar al contacto en Miami para pedirle ayuda en cuestiones técnicas. Como ramificación de esta operación, en Colombia fueron detenidos dos médicos especialistas, un optometrista cubano residenciado en ese país y numerosos enlaces de una red de suministro de medicinas y anticonceptivos para las FARC, segun informó el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). La acusación en Washington está directamente relacionada con los cargos que le fueron formulados en otra causa a José María Corredor Girardot, alias El Boyaco, identificado como el hombre clave de las FARC en Venezuela para el envío de cocaína y la compra de armas. Corredor escapó de una prisión venezolana en junio del 2005, lo cual generó denuncias del propio gobierno venezolano de que el narcotraficante sobornó a oficiales de la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) encargados de su custodia. Junto a Corredor fueron además acusados en Estados Unidos el presunto narcotraficante brasilero Carlos Iván Mendes Mesquita; y los pilotos Willian Howard Ogle, brasilero, y Sandro Enrique Ercoli García, venezolano. Los teléfonos satelitales parecen ser el talón de Aquiles de las FARC. En el 2001, un informante de la Agencia Contra las Drogas (DEA) logró vender cuatro de ellos a guerrilleros de la misma organización. La DEA preparó los aparatos antes de entregarlos en Panamá, lo cual le permitió a la entidad escuchar numerosas conversaciones que fueron citadas como respaldo de una instrucción de cargos contra siete altos líderes de las FARC y otros 43 comandantes por tráfico de drogas. Esta vez, según la acusación, la opción satelital surgió en mayo del 2003 cuando Corredor introdujo en la organización un intermediario que se convirtió en el puente del equipo logístico del Frente Uno de las FARC (dirigido por Eduardo Antonio Aguilar Ramírez y Conde), con el mundo de las comunicaciones modernas. El Frente Uno de las FARC está a cargo de un grupo de rehenes canjeables, entre quienes se encuentran tres contratistas estadounidenses secuestrados en febrero del 2003. El responsable del movimiento y vigilancia de los secuestrados de este frente es, según la acusación, Alexander Farfán, alias Enrique Gafas. El primer negocio de las FARC con las tiendas de Estados Unidos registrado en la acusación se concretó en marzo del 2005 cuando Conde recibió dos radios de dos bandas de alta frecuencia. Un mes después Conde obtuvo un teléfono celular y tarjetas SIM (dispositivos de memoria para usar en diferentes teléfonos celulares). En mayo, las FARC recibieron otro teléfono satelital comprado en Miami y a partir de ese punto las adquisiciones se fueron ampliando a equipos de localización como GPS y compases, así como transmisores y antenas. El propio Corredor se convirtió en cliente de los satelitales al encargar dos de ellos junto con dos computadores. Casi todas las conexiones a las que hace referencia la acusación pasaban por una central telefónica a cargo de dos mujeres identificadas como Ana Isabel Peña Arévalo y Luz Mery Gutiérrez. Ambas fueron acusadas en el pliego de cargos. La agitada central telefónica clandestina estaba situada en Villavicencio, una ciudad al oriente de Colombia, capital del Departamento del Meta, donde las operadoras recibían órdenes de comunicarse con otros enlaces para coordinar envíos de armas, drogas, combustible y material de intendencia. La acusación también cita conversaciones a través de teléfonos satelitales, lo cual permite deducir que hay probabilidades de que los aparatos hayan sido manipulados antes de su venta a las FARC. En una de esas charlas se escucha al enlace José Fernando Romero Mejía, alias La Negra, comentar que está esperando la llegada de ''300 unidades de semillas'', lo que fue interpretado por los investigadores como 300 cajas de munición. Antes de presentar al intermediario de las comunicaciones, Corredor ya se había ganado la confianza de las FARC a través de varios negocios de intercambio de drogas por armas. En el 2002, el presunto narcotraficante le envió al Frente Uno 70 rifles AK-47 que llegaron a una pista clandestina en la población de Pacoa, Departamento de Amazonas, al sur de Colombia. Los envíos se repitieron en los meses siguientes. Corredor se refugió en Venezuela donde obtuvo una cédula de ese país bajo el nombre de Andrés Yanave Guachupiro. Desde Venezuela coordinaba vuelos de cocaína que salían de pistas aéreas controladas por las FARC en las poblaciones de Cururu y Pacoa, en el Departamento de Amazonas. La cocaína era enviada a Brasil, Estados Unidos y Europa. La red sufrió un importante revés el 24 de septiembre del 2003, cuando las autoridades de Brasil confiscaron 200 kilogramos de cocaína en un avión que había salido de Colombia bajo el mando de Ogle. De acuerdo con la acusación, que cita como fuente al propio Ogle, el cargamento fue coordinado por Corredor y Luis Alfredo Nañez Duarte, también acusado en Estados Unidos. Nañez fue detenido por oficiales de la policía brasilera en el aeropuerto de Sao Paulo el 23 de abril del 2003 y tres horas después liberado. En septiembre del año siguiente fue capturado en Venezuela a solicitud de Estados Unidos, que lo pidió en extradición. Corredor también cayó. Oficiales de la Guardia Nacional de Venezuela, asesorados por un agente de la DEA, según un documento judicial venezolano, detuvieron al presunto narcotraficante de las FARC el 1ro. de octubre en el bar del Hotel Tamanaco, de Caracas.Tenía $1,000 en efectivo y una tarjeta débito del Banco Guayana. Al ser abordado presentó su identidad falsa a nombre de Yanave. El detenido fue llevado a los calabozos de la DISIP, pero en junio del 2005 se fugó con la ayuda de algunos funcionarios de ese organismo, según la fiscalía venezolana. El director de la DISIP, Miguel Rodríguez, fue destituido y tres funcionarios de la entidad fueron imputados por ``facilitación de fuga y otorgamiento no autorizado de permiso''. A juzgar por la descripción de los hechos en el encausamiento de Estados Unidos contra la red logística de las FARC, Corredor continuaba manejando su negocio desde la prisión, pues la fecha de al menos uno de los envíos de armas para el grupo rebelde en el 2004 coincide con la época en la que estaba privado de la libertad en Venezuela. Otro golpe fuerte para la estructura de las FARC, según la DEA, fue el arresto en Paraguay de Iván Carlos Mendes Mesquita, ciudadano brasilero que se estableció en la ciudad de Carmelo Peralta, al norte de Paraguay, para suplir a narcotraficantes brasileros con cocaína despachada por las FARC. Autoridades paraguayas arrestaron a Mendes en noviembre del 2004 y lo extraditaron a Estados Unidos. La misma suerte corrió Ogle, quien fue extraditado por el gobierno de Brasil. El 11 de octubre del 2006 una fuerza conjunta del ejército y la policía de Colombia capturaron a Corredor en la selva colombiana.
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